La última sentencia del Tribunal Supremo pone de relieve la existencia de centros privado-concertados y religiosos en Castilla y León que segregan por sexos.

Por castillasocialista.org | La reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar algunos conciertos con centros privados-concertados que oferten una educación segregada por sexos ha servido para generar ruido y poner de relieve la anacrónica situación tolerada por la Junta de Castilla y León en la educación primaria y secundaria a este respecto.

Varias sentencias favorables que negaban la subvención a este tipo de centros religiosos cántabros y andaluces han precedido a las declaraciones del portavoz de la Junta que niega que en esta comunidad exista ese problema, lo que no se corresponde en absoluto con la realidad lo que demuestra un rápido vistazo a los datos oficiales dispuestos por el INE que evidencian una política estatal presupuestaria claramente favorable a la educación privada-concertada no universitaria que es sufragada -atención- con dinero público en un 58%, porcentaje que en Castilla y León llega  hasta el 77,3%.

El TS ha recurrido al artículo 84 de la LOE (Ley Orgánica de Educación) aprobada en 2006, relativo a la admisión del alumnado en centros públicos y privados-concertados que en su punto tercero recoge que «en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» Sin embargo, a pesar de la existencia de esta ley, siguen existiendo centros segregadores como son el Colegio Pinalbar, en Simancas, o los colegios Peñalba o Alcazarén en Valladolid que desafían el principio de una educación mixta.

Esta situación encaja además perfectamente con la ofensiva privatizadora que se viene poniendo en práctica en todos los niveles educativos y con especial énfasis en el universitario bajo los dictados de la U.E. y los sucesivos gobiernos españoles del PSOE y el PP, con la particularidad típica que achaca el régimen español post-franquista y confesional gracias a una Transición -pactada por la izquierda histórica- que estaba diseñada a la medida de una oligarquía cavernícola y la Iglesia católica que ha permitido a esta última mantener una influencia ideológica y económica excepcional que le retribuye grandes beneficios en la enseñanza primaria y secundaria. Esta alianza del franquismo con la Iglesia se mantuvo en el tiempo con la Monarquía juancarlista refrendada por los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, cuyo espíritu ha guiado la pleitesía de los gobiernos del PP y no lo olvidemos, también del PSOE, al respecto con mínimos matices.

Gracias a ello se ha perpetuado un sistema dual que no sólo favorece una educación de corte religioso fiel a la doctrina católica en la educación reglada, sino que además sirve para mantener y reproducir las desigualdades sociales como demuestra el hecho de que los colegios e institutos públicos acojan a los hijos e hijas de familias de la clase trabajadora con menos recursos, mientras que los centros privados o privados-concertados reúnan a los de familias de rentas más altas, lo que se traduce en una tendencia que fomenta el que estos últimos sean los que acceden a los niveles superiores de educación en porcentajes mucho más altos.

Sin una izquierda sin complejos, que cuestione de raíz las bases que hicieron posible este régimen continuista, no será posible alcanzar el objetivo de una educación pública, laica y gratuita que pasará por torcer el brazo de quienes desde el gobierno o sus escaños parlamentarios quieren seguir manteniendo un modelo dual que beneficia a los ricos y a la Iglesia católica que representan. Comunistas de Castilla tomamos parte de esa lucha.

 

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