¡No a la criminalización del independentismo gallego!

(Entrevista a Joam Peres, militante de Causa Galiza y uno de los 12 independentistas gallegos que serán juzgados en la Audiencia nacional el 19 de octubre)

El próximo 19 de octubre comienza en la Audiencia Nazional (auténtico tribunal de excepción español para perseguir cualquier tipo de disidencia política independentista y socialista) el juicio contra 12 independentistas galeg@s imputados dentro de la conocida como Operación Jaro. Se les acusa de pertenencia a “banda criminal” y “enaltecimiento del terrorismo” y la fiscalía pide un total de 102 años de prisión con condenas que van de los 4 a 12 años. Durante el proceso de investigación se llegó a ilegalizar de facto (suspensión de actividades) a Causa Galiza, y de resultar condenados, la sentencia conllevaría además, la ilegalización definitiva de Causa Galiza y del organismo antirrepresivo Ceivar.

Para conocer con más detalle este proceso represivo contra el independentismo galego y poner al descubierto toda la trama orquestada por la Guardia Civil con el objetivo de anular a los sectores más combativos de la izquierda independentista galega, entrevistamos a Joám Peres, un histórico militante del independentismo galego, fundador entre otros y otras de Causa Galiza, quien se encuentra entre las 12 personas encausadas.

Joám, antes de nada trasladarte un abrazo solidario de la militancia de Comunistas de Castilla, en estos tiempos donde la solidaridad entre los Pueblos debe ser más fuerte que nunca.

Joam Peres (Foto tomada de Nosdiario.gal)
Joam Peres (Foto tomada de Nosdiario.gal)

¿Joám, cuándo comienza la “operación Jaro” y por qué precisamente en un momento en el que el independentismo galego parece que cobra fuerza?

La primera edición de la operación -fueron dos- se inicia en octubre de 2015. Afecta a la organización independentista Causa Galiza. En ella somos detenidas 9 militantes en muchos casos con asaltos armados a nuestros domicilios. Se nos acusa de ser el “brazo político” de una supuesta organización ilegal y, una vez puestos a disposición judicial tres días después, después de interrogatorios políticos, el juez Eloy Velasco nos imputa colectivamente por “pertenencia a banda terrorista” y “enaltecimiento del terrorismo”.

El fundamento probatorio de las acusaciones es ridículo, incluyéndose homenajes a los dirigentes de la Revolución Galega de 1846, actos de memoria histórica independentista, la celebración de movilizaciones a favor del derecho de autodeterminación de Galiza y contra la Constitución española en sus sucesivos aniversarios, el recibimiento a ex presos y ex presas independentistas en sus localidades, etc. A Causa Galiza como entidad jurídica le es aplicada la medida cautelar de “suspensión de actividades” -una ilegalización de facto- por doce meses. Paradojicamente, al imaginario “brazo político” le hes restituido su status legal pasado ese plazo y puede desarrollar sus actividades con toda normalidad hasta el día de hoy. En junio de 2017 se produce la segunda operación. Esta vez contra el organismo antirrepresivo Ceivar, con tres personas detenidas que son imputadas por supuestos delitos de “enaltecimiento” por praticar la solidaridad con independentistas presos y presas, reclamar su repatriación, etc.

En cuanto al momento en que se produce la primera operación, no era un momento particularmente dulce para el independentismo organizado. Si bien podemos afirmar que como estado de opinión sociológico era y es una corriente en crecimiento, con especial incidencia en la juventud, lo cierto es que en su formulación político-organizativa se encontraba en 2015 en un momento débil: Causa Galiza implosionara como iniciativa amplia por el derecho de autodeterminación y la soberanía nacional, nos reconstituyéramos como organización política hacía poco y el montaje llega en este momento crítico. La finalidad politica de la operación era obvia: en clave nacional nuestra, segar la hierba de raiz antes de que creciese, ejemplarizar, satanizar, reforzar el vínculo entre militancia independentista y represión y mantenernos en una espiral de desgaste sin salida en la que cubrirse de los golpes se convierte en la principal actividad, cuando no en la única. Se trataba, y se trata, de evitar que Galiza se suba con fuerza al tren de las naciones que reclaman su independencia.

Desde nuestra óptica, el Estado es consciente de que las expectativas sobre lo que en Galiza podía dar de sí la “vía estatutaria” se redujeron significativamente, y de que existe una tendencia de fondo, lenta y contradictoria, de maduración y de pérdida de viejos complejos hacia posiciones independentistas en amplios setores patrióticos que reconocen la irreformabilidad del Estado español. Y decidió actuar “preventivamente”. Y lo hizo en clave galega, como comentaba antes, y estatal, tratando de fijar como sinónimos independentismo y violencia y reducir uno a la otra en un clima general de ofensiva contra Cataluña. En ese momento, el plantel al frente del Ministerio de Interior está compuesto por Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, hoy investigados en el caso Kitchen de corrupción policial, y por Arsenio Fernández de Mesa, que es en ese momento el máximo responsable de la Guardia Civil y, en Galiza, tiene un currículum juvenil de vinculación con la extrema derecha y fué la cara de la gestión desastrosa del naufragio del Prestige en 2002.

Durante la tramitación de la causa las acusaciones han variado desde la imputación por terrorismo, enaltecimiento.. Qué acusaciones tendréis que enfrentar el 19 de octubre ante la audiencia nazional?

En el tribunal de excepción nos enfrentamos a una acusación coletiva de conformar una “banda criminal para el enaltecimiento del terrorismo” y a múltiples delitos de este tipo que totalizan 102 años de cárcel para las doce independentistas, la disolución de Causa Galiza y Ceivar, sanciones por valor de casi 350.000 euros que nos endeudarían por un largo período y la suspensión de derechos civiles y laborales, por ejemplo, trabajar en la administración pública, opositar a esa administración o candidatarnos para procesos electorales. Esta es la oferta actual de la Fiscalía.

Desde las imputaciones iniciales que nos impuso el juez Velasco en 2015, pasamos a una progresiva deconstrucción de la causa: Causa Galiza recuperó su anterior status legal en 2016, más tarde se nos retiró la imputación colectiva del delito de “pertenencia” y nos enfrentabamos a un horizonte relativamente benigno -si se puede decir así…- de un juicio por delitos de “enaltecimiento” más que discutibles que instituen en delito de opinión. Finalmente, en etapa reciente, después de fusionar los dos sumarios, con el juez García-Castellón instruyendo la causa se incorpora una nueva imputación de integración en “banda criminal” que da una vuelta completa a la situación y nos coloca en el escenario actual. El último evento de esta serie es la inclusión del sumario 2/2012 en la causa que compartimos con Ceivar. Este sumario es en el que el juez Alfonso Guevara determinaba, juridicamente, que en nuestro país existía una organización ilegal “para subvertir el orden constitucional” que, por cierto, los galegos y galegas no avalamos en el referendum de 1978. Esta inclusión, que es juridicamente inaceptable, según nuestros abogados, es la causa de la reciente recusación de Guevara.

Causa Galiza, desde su fundación siempre ha reivindicado las tradiciones más combativas del independentismo galego. Por qué esa insistencia del estado español en reprimir y criminalizar la memoria de las luchas de los pueblos por su autodeterminación?

La memoria histórica de lucha de un pueblo es un elemento fundamental en cualquier proceso de liberación nacional y, en especial, en pueblos como el nuestro, que ha sido y es sometido a un proceso sistemático de amnesia, manipulación histórica y degradación de su autoestima colectiva. Consecuentemente, la memoria nacional y la memoria de lucha se convierten en un objetivo para los defensores de la “unidad de España”. En nuestro caso concreto, quienes implementan la represión han decidido que sea delito o, cuando menos, causa de graves imputaciones penales, la recuperación y socialización de esa memoria, y confunden, intencionadamente, la socialización de acontecimientos ocurridos en los siglos XIX y XX, con su “apología” o con una defensa pública de la traslación de estos hechos al presente. La relación no se sostiene por ningún sitio, pero eso es lo que caracteriza a los tribunales de excepción.

La represión contra el independentismo galego es recurrente, y cada cierto tiempo realizan detenciones. A día de hoy, hay independentistas galegos presos en cárceles españolas, y cuál es su situación?

La ejecución de operaciones policiales que golpean organizaciones políticas con la cuartada de la “lucha antiterrorista” y derivan en procesos en la Audiencia Nacional, acusando a aquellas de hacer parte de estructuras o dinámicas ilegales, se sucede con cierta periodicidad en Galiza. Desde 1975, se pueden citar UPG, PGP, Galicia Ceibe (OLN), APU, AMI, Briga y, ahora, Causa Galiza y Ceivar.

Sobre los y las independentistas presas, actualmente hay seis presas que recientemente, después de años de denuncia de su dispersión, fueron repatriados a prisiones ubicadas en Galiza, cumpliéndose así una legalidad conculcada durante décadas. Dos se encuentran presos desde 2011 y 4 desde 2019, estando pendientes de juicio. El regimen penitenciario de que son objeto todas es el común al de otros presos y presas políticos en el Estado español, con clasificación FIES 3, todo tipo de restricciones de comunicaciones y actividades, duras condenas y, hasta tiempos recientes, en la dispersión a cientos de kilómetros de Galiza, extendiendo el castigo a familiares y amigos.

Durante estos años muchas han sido las voces que se han alzado en solidaridad con vosotras, dentro y fuera de Galiza. ¿Ha estado la izquierda galega más institucional a la altura de las circunstancias?

La denuncia social y política de nuestro proceso ha sido asumida por amplios sectores sociales, sindicales y políticos más allá de los que se reclaman independentistas. Baste decir que el principal sindicato de nuestro país en representación y capacidad de intervención en la conflictividad laboral, la CIG, se ha posicionado con toda claridad frente al montaje y ha tratado el tema en asambleas de delegadas. También el BNG y Anova se han situado frente al proceso represivo y su denuncia ha sido abordada en plenos municipales, en el parlamento autonómico y en el español, con manifestaciones nacionales, etc. La conciencia de que estamos delante de la criminalización y persecución de un proyecto político -el independentista- es un lugar común en la izquierda de nuestro país con independencia de la intensidad con que, en la práctica, se materialice esta visión.

Por último, Joám, qué sucederá a partir del 19 de octubre y qué escenario os planteáis en función de una sentencia condenatoria o absolutoria?

Lo que suceda a partir del 19 de octubre es una incógnita para nosotros y nosotras. Por decirlo con símil futbolístico, jugamos fuera de casa, con árbitro de parte y reglas de juego de libre interpretación por el equipo contrario. Nos enfrentamos a un escenario posible en que 12 militantes que, en la mayoría de los casos, llevamos años desarrollando a la luz del día un trabajo político y de solidaridad frente a la represión podamos ingresar en prisión por este compromiso y ser sometidas a una potente represión económica y laboral que pretende nuestra defunción civíl.

De materializarse el peor escenario, tendríamos presos y presas por militancias políticas y solidarias que son completamente legales y, dado que Causa Galiza y Ceivar serían disueltas, quedaría detrás un panorama extremadamente complejo para quien defendemos una perspetiva independentista para nuestro país. Es más: en la hipótesis de las disoluciones, la espada de Damocles de futuras operaciones e ilegalizaciones pesaría permanentemente sobre cualquier colectivo humano que pretendiese restaurar esas dos funciones y lineas de trabajo que reseñaba. A los hechos sucedidos en otras latitudes nos remitimos. Estamos pués ante la posibilidad de un importante salto cualitativo en la represión y, en especial, de la represión contra el independentismo en Galiza.

Lo que se juega en Madrid no es, por tanto, cuestión menor, ni para nosotras como personas, ni para el independentismo galego con vocación de proyecto y estrategia autónomas de otras existentes. Existe el peligro cierto de que la Audiencia Nacional modele el mapa político del país con operaciones policiales, linchamientos mediáticos y sentencias impropias de un Estado de Derecho y de la cacareada democracia consolidada. Que frente a ese reto exista una respuesta de país, que mire por encima de rentabilidades partidarias o electorales, que rompa el miedo a la criminalización, es algo fundamental y, a mi entender, el principal muro de contención contra esa política y lo que nos pueda traer en un futuro no lejano. El famoso “Primero, fueron a por los comunistas” se podría mudar hoy por “primero fueron a por los independentistas”. El momento es crítico y ya no nos afecta sólo a nosotros y nosotras sino que es toda la sociedad la que ve aún más recortados sus derechos.

Desde Comunistas de Castilla nos solidarizamos firmemente con los 12 compañeros y compañeras galegos que el 19 de octubre tendrán que enfrentarse a las acusaciones de la audiencia nazional. El estado español demuestra, a la menor oportunidad, su carácter represivo y antidemocrático, utilizando para ello todo el entramado policial-judicial para perseguir, criminalizar y anular todo movimiento sociopolitico que no se pliega a sus intereses de clase.

De Castilla a Galiza, solidaridad!! No a la criminalización del independentismo socialista!

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