Castilla Socialista

34 trabajadores, de la empresa segoviana Santa Teresa SL Materiales de Construcción, ubicada en La Lastrilla, han perdido su puesto de trabajo, además de encontrarse sin cobrar todas las mensualidades desde diciembre del 2007, así como las pagas extraordinarias de verano y de Navidad del año pasado y otra docena de desembolsos por beneficios, “gracias” a las gestiones de un experto en el cierre de empresas: Luis Oliver. Este personaje está involucrado en los cierres de otras empresas como CHC (Murcia), Matarraña (Cantabria) o Metalbo (Zaragoza).

La anterior dirección vendió, hace aproximadamente 3 años, la administración de la sociedad al empresario Luis Oliver, quien se hizo con el negocio, la marca registrada, el transporte de la firma y con la maquinaria de la planta dedicada a los materiales de la construcción. Una adquisición «a costa de los trabajadores», según apuntan los representantes del personal afectado. Quienes rechazan la idea, lanzada desde algunas partes, de que la crisis económica generalizada y la recesión particular que padece la construcción haya incidido en la desaparición de la compañía, y apuntan a los intereses especulativos de los nuevos propietarios, como causa principal del cierre de la empresa.

Además de la perdida de su empleo, los trabajadores (muchos de los cuales han dedicado largos años de su vida a producir grandes beneficios para la citada empresa) tendrán que conformarse con una ridículatan indemnización de tan sólo 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

A todo esto tenemos que añadir, la demora padecida en la resolución del expediente de regulación de empleo, lo que ha acrecentado incertidumbre e intranquilidad en los últimos meses. El proceso se tenía que haber presentado en febrero, el pasado abril, cuando se hizo efectivo. El alargamiento sufrido en el procedimiento concursal ha llevado a muchas familias a «una situación insostenible», según afirman los trabajadores. Este retraso en el procedimiento ha provocado que «hayamos regalado a la empresa 37 días», señalan. Y es que el trámite se alargó más de los 150 días establecidos por el Fondo de Garantía Social (Fogasa) para el pago de las indemnizaciones, explica la plantilla afectada.

El fallo judicial, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 2, justifica la aprobación de la extinción de los contratos solicitada por la administración concursal, en que «la situación económica de la empresa es claramente negativa y no permite en absoluto mantener la actividad». Además, el auto desecha la proposición de la administración mercantil de una extinción parcial, ya que este criterio «no está justificado seriamente ni presenta un plan de viabilidad». Ante este escenario, la resolución concluye que «no cabe otra opción que la extinción de la totalidad de los contratos, evitando así que se siga incrementando la masa pasiva en una sociedad carente de futuro e inviable».

Como vemos, la justicia en el capitalismo no está precisamente del lado de los trabajadores y las trabajadoras.