Contra la represión del Estado español. Solidaridad con Herrira.

Ante la última operación represiva dirigida contra Herrira, los comunistas castellanos queremos expresar nuestra solidaridad al pueblo vasco, especialmente al movimiento de defensa de los derechos de los presas y presos políticos vascos, y exigir la puesta en libertad sin cargos de las personas detenidas y el fin de las medidas que vulneran los más elementales derechos de asociación y de libertad de expresión.

Este golpe represivo persiste en la decisión adoptada por el Estado español de mantener el bloqueo a cualquier iniciativa encaminada a favorecer la resolución del conflicto político y armado que pase por el reconocimiento del derecho a decidir que cuenta con el apoyo de amplios sectores del pueblo vasco. Así lo ha puesto de manifiesto el actual gobierno que ha mantenido su estrategia represiva ante el nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria a partir del anuncio de ETA del “cese definitivo de su actividad armada” y el proceso de acumulación de fuerzas soberanistas e independentistas de izquierda. Ello demuestra que el discurso tantas veces enarbolado desde el régimen que planteaba el conflicto en términos de fin del “terrorismo” no es sino una excusa para negar la existencia del conflicto político que permanece latente en Euskal Herria fruto de la negación del derecho democrático a la autodeterminación que condujo a una dinámica de confrontación armada por más de cincuenta años.

El Estado español no tiene ningún interés de avanzar hacia un escenario de mínima normalización democrática en el País Vasco donde cuestiones como la de la territorialidad y los cientos de presos y presas políticos -que son la expresión más clara del conflicto- puedan encontrar un escenario donde el pueblo vasco decida su camino.

Hasta ahora ello ha sido posible gracias a un aparato del Estado que bajo una apariencia y formalidad democráticas ha hecho uso de las palancas del gobierno, el poder judicial y los cuerpos represivos como mecanismos que actúan coordinadamente para anular y criminalizar al movimiento popular vasco. La derrota de la estrategia de ruptura de la izquierda en el Estado español durante la Transición y el insuficiente desarrollo de las izquierdas de los pueblos permitió al Estado legitimar sin demasiados problemas todo tipo de medidas represivas que van desde la guerra sucia y la actividad parapolicial, las ilegalizaciones, macrosumarios o la generalización de prácticas de tortura propias de un auténtico Estado de excepción. Pero ahora con la agudización de la crisis política y económica del régimen de la Transición y el incremento de la lucha popular cada vez son más los sectores que comienzan a conocer en sus propias carnes la represión que se extiende al resto de territorios a niveles hasta ahora desconocidos.

El Estado español opta por extender la represión selectiva y preventiva contra los sectores populares que no se resignan, que se organizan y defienden sus derechos nacionales y sociales. Las multas y enjuiciamientos a militantes andaluces del SAT, la condena a los jóvenes independentistas gallegos, el encarcelamiento de los anarquistas de Sabadell, o la reciente actuación contra la juventud combativa en Madrid que se disponía a manifestarse el 28-N contra la monarquía, son expresiones de esa represión que nada tienen de casual y si responde a una directriz de este gobierno y este régimen para criminalizar a los sectores más conscientes y luchadores de cada pueblo.

Es preciso comprender que la caída de este régimen es condición necesaria para la conquista de los derechos sociales de la clase trabajadora y del derecho a decidir de los pueblos, y que el avance en las luchas populares en cualquiera de nuestros territorios es un avance para el conjunto de los pueblos trabajadores que luchamos y resistimos.

¡Herrira aurrera! (Herrira adelante) ¡Basta de represión!

¡Muchos pueblos, la misma lucha!

Comunistas de Castilla


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